La obsesión del alperovichismo por estas horas es iniciar el año legislativo con la aprobación, en la primera sesión ordinaria de 2013, de un paquete de tres leyes dirigido a uno de los actos de gobierno más reiterados: la obra pública por contratación directa.
El lunes 25 de febrero, el Poder Ejecutivo se desayunó con una medida cautelar dictada por el vocal Salvador Ruiz (Sala I de la Cámara en lo Contencioso Administrativo). El juez hizo lugar a un recurso del PRO, en el marco de un planteo de inconstitucional contra la Ley 8.541. La cuestionada norma, aprobada en noviembre, autorizó al Instituto Provincial de Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) a saltear el mecanismo de licitación, previsto en la Constitución provincial (artículo 12).
Dos de los tres proyectos de ley que se tratarán hoy desde las 17, en sesión, apuntan a "zanjar" este problema. El primero declara de "bien público" la urgencia de contratar y adjudicar la construcción de 492 viviendas en el marco del programa federal "Techo Digno". Entre las cuatro carillas de fundamentación, los parlamentarios oficialistas mencionan que el aporte no reintegrable de la Nación supera los $ 95 millones. También, que el certificado de "No Objeción Técnica", remitido el 25 de febrero, tiene una validez de 90 días corridos. En el segundo, se detallan una decena de proyectos de mejoramiento habitacional en Capital, Tafí Viejo, Yerba Buena, Cruz Alta y Río Chico. En total, son 1.000 las viviendas precarias alcanzadas por estos planes. Y se argumenta la repetición de la contratación directa en que aún rige en la provincia el Estado de Emergencia Social y Habitacional (Ley 7.347).
Además de estas dos iniciativas, la adjudicación directa regirá para las obras del plan "Más Cerca". El proyecto refrenda el convenio firmado entre el PE y la Nación, que financiará las obras hídricas en municipios y comunas rurales.
El texto contiene como anexo el acuerdo entre el Ente de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) y la Provincia. El documento, rubricado por intendentes y delegados rurales, incluye el detalle de los proyectos aprobados (más de un centenar), por un total de $ 84 millones, destinados a la construcción de cloacas, tendido de redes y pozos de agua.
En el artículo cuatro de la propuesta se indica que cada comuna rural que firme los convenios estará autorizada a "contratar en forma directa, previo cotejo de precios, la compra de bienes y materiales necesarios y la ejecución de las obras por terceros". A su vez, cada municipio podrá recurrir a los contratos directos, pero antes cada Concejo Deliberante deberá adherir al acuerdo con la Nación mediante una ordenanza.
Entre los justificativos para saltear la licitación pública, el oficialismo vuelve a ampararse en el hecho de que la Provincia aún se encuentra en emergencia Hídrica y Social, según versa la Ley 7.875. Las obras del plan "Más Cerca" deberán realizarse en un plazo de un año desde la adjudicación de los fondos, de acuerdo a la propuesta firmada por el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado. También se especifica que el ministro del Interior, Osvaldo Jaldo, supervisará la ejecución del programa.
A pesar de la mayoría que tiene el alperovichismo en la Cámara, desde los sectores de la oposición ya adelantaron que argumentarán sus votos en contra de estas tres leyes. Federico Romano Norri y Roberto Sánchez (UCR) consignaron que "el oficialismo se equivoca al insistir con mecanismos que han recibido severos reparos por parte de la oposición y del mismo Poder Judicial". De esta manera, los legisladores del bloque Hipólito Yrigoyen se sumaron a los rechazos que ya habían formulado el macrista Alberto Colombres Garmendia, la radical Silvia Elías de Pérez y el demócratacristiano José Páez.
Afilando el lápiz y las críticas
Primera etapa.- Las obras de infraestructura que se harán mediante la firma de un convenio con el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa) comprenden sólo la primera de cuatro etapas del "Más Cerca". El resto de los trabajo se efectuarán mediante otras reparticiones.
Municipios y comunas.- Quince de las 19 municipalidades tucumanas presentaron proyectos relacionados con agua y cloacas. Lo mismo hicieron 62 de las 93 administraciones comunales.
Extensión.- En general, la mayoría de los trabajos incluyen ampliaciones de las redes de agua potable y cloacas hacia barrios nuevos; la perforación de pozos y plantas de potabilización. También hay pedidos por tanques, depósitos y cisternas.
Al tope de la tabla.- Los municipios que más número de obras consiguieron fueron San Miguel de Tucumán y Lules. Cada uno contará con una docena. Mientras que detrás se ubicaron Concepción (7) y Alberdi (6). Sin embargo, el orden de la lista se modifica si de montos se trata. La más beneficiada en números aproximados será "La Perla del Sur", con $ 13,2 millones. Mientras que por detrás se encuentran Lules ($ 6 millones) y la capital ($ 5 millones).
Al fondo.- Las gestiones municipales que menos obras de este tipo ejecutarán serán Burruyacu, Graneros, La Cocha, Bella Vista, Simoca, Yerba Buena, Las Talitas, Tafí Viejo y Trancas. En todos los casos fueron beneficiados con una. Mientras que las que menos dinero recibirán serán La Cocha ($ 124.000), Simoca ($ 170.000) y Aguilares ( $ 271.000).
Comunas del millón.- Las comunas que recibirán las obras más costosas serán El Timbó ($ 2 millones), Acheral ($ 1,9 millones), Río Seco ($ 1,5 millones), Villa de Leales ( $1,5 millones), León Rougés ($ 1,3 millones), Rumi Punco ($ 1,3 millones), Alpachiri ($ 1,2 millones), Los Sarmiento ($ 1 millón y La Ciudacita ($ 1 millón).
Ironías para Sisto Terán.- "¿Si los fundamentos para autorizar las contrataciones en forma directa son 'sencillos', por qué no los expusieron al momento de sancionar la Ley 8.541?", ironizó el apoderado del PRO, Arturo Forenza (h), en respuesta a los dichos del legislador oficialista Sisto Terán. Este había explicado que al alperovichismo no le costaría demasiado defender en la sesión de hoy la insistencia de la contratación directa. "Claramente porque no existen fundamentos para habilitar al Ipvdu a contratar de aquí en más y para siempre en la forma de contratacion directa, tal cual lo mandaba aquella norma", respondió Forenza. "La conclusión de esta novela es que el alperovichismo sintió por primera vez el rigor de los límites impuestos por la Constitución que tanto vulneran, en lo que respecta al manejo de fondos públicos", añadió el macrista.
"Favorecen el negocio inmobiliario".- El Partido Obrero cuestionó la política habitacional del Gobierno. "Alperovich admitió finalmente la emergencia habitacional en Tucumán, pero no para solucionarla sino para justificar un negociado. Se utilizarán millones de pesos para construir 1.000 habitaciones o baños, y sólo 492 viviendas, mediante una oscura adjudicación directa que irá a parar a las arcas del lobby inmobiliario", denunció el referente del PO en esta provincia, Daniel Blanco.